El órgano que defiende y vigila el uso de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jijona y Turrón de Alicante se vio obligada a actuar la pasada semana ante un caso de fabricación en fraude de ley
Lo dijo el secretario general del Consejo Regulador del Turrón, Federico Moncunill, en unas declaraciones hechas el pasado sábado en el diario INFORMACION con ocasión de un reportaje sobre una jornada de Origen, la entidad que engloba a todas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de España, que celebró una asamblea en la sede de la Uva Embolsada del Vinalopó, en el auditorio de Aspe.
Moncunill explicó que el Consejo pidió la retirada porque, por encima de posibles o eventuales demandas judiciales, de lo que se trata es de cuidar que cuando una empresa incorpora «nuestro turrón», en alusión a los dos tipos protegidos (Jijona de textura blanda y Alicante de textura dura), lo haga con garantías y con unos requisitos que se establecen en el pliego de condiciones de la IGP Jijona y Turrón de Alicante, como ocurre en el caso de yogures, helados, quesos u otros productos que ya usan turrón protegido parcialmente en su elaboración.
El uso del turrón Jijona y Alicante en terceros productos requiere de unos porcentajes mínimos y de unas garantías de calidad controladas por el Consejo y selladas por él.
Moncunill explicó que este intento de fraude paralizado y bloqueado por los inspectores del Consejo no es el único, pues en los últimos meses se han detectado otros dos. Moncunill asegura que con las grandes empresas o proveedores los acuerdos son la norma habitual.
La actuación se realizó la pasada semana en una fábrica de turrones y dulces de Jijona, la cual estaba usando la imagen de la indicación geográfica protegida sin permiso previo. O sea, en fraude de ley. No ha trascendido, de momento, de qué empresa jijonenca se trata, pero Made in Jijona tratará de desvelarlo por el bien de la marca colectiva de calidad jijonenca y del resto de empresarios que sí cumplen con el uso de la IGP a rajatabla.
La piratería y el uso de imitaciones es la principal preocupación de las 91 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de España.
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