Según la organización, hace ya un par de semanas que se iniciaron los trabajos de recogida y, aunque la producción no difiere significativamente de años anteriores, «nos encontramos frente a una problemática que afecta directamente a los productores: los bajos precios de mercado», indican desde UPA en nota de prensa
La situación actual está marcada por la competencia de los precios establecidos por el mercado internacional, especialmente por la influencia de California
“La situación actual está marcada por la competencia de los precios establecidos por el mercado internacional, especialmente por la influencia de California, principal productor mundial de almendras. El exceso de stock de almendras del año pasado deriva en que los precios se mantengan a niveles poco aceptables para los agricultores de Castilla-La Mancha”.
Esta coyuntura, según afirman desde UPA, “perjudica seriamente a nuestro sector y pone en riesgo la viabilidad económica de numerosas explotaciones familiares”, por lo que manifiesta la necesidad de tomar medidas inmediatas para asegurar una campaña de la almendra justa y sostenible en la región.
En este sentido, UPA solicita el control de los precios a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, con el objetivo de evitar que los precios se sitúen por debajo de los costes de producción.
“Es imperativo que se establezcan mecanismos de regulación que protejan los intereses de los productores y permitan el mantenimiento de una actividad, máxime cuando el precio de los productos no se repercute en los consumidores”.
Además, la organización agraria recuerda como fundamental la implementación de la obligatoriedad de disponer de contratos entre los agricultores y las empresas compradoras. “Estos contratos deben definir claramente los términos y condiciones de la relación comercial, garantizando precios justos y transparentes, así como plazos de pago”.
Esta medida, según apunta, brindaría seguridad y estabilidad a los agricultores, permitiéndoles planificar sus operaciones con mayor certidumbre y confianza; algo que siempre ha solicitado la UPA y que viene delimitado en la ley de la Cadena Alimentaria.
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